OpenAI ofrece al gobierno de EE.UU. un 5% valorado en 42.600 millones de dólares

Sam Altman negocia con la administración Trump una participación estatal sin precedentes. Mientras, Bernie Sanders prepara un impuesto del 50% en acciones a las grandes tecnológicas de IA.

Hay noticias que te obligan a releerlas dos veces. Esto es una de ellas: OpenAI ha propuesto ceder al gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en la empresa. A la valoración de 852.000 millones de dólares que alcanzó en su ronda de marzo —la mayor captación privada de la historia del sector—, ese 5% vale aproximadamente 42.600 millones de dólares, según adelantó el Financial Times y confirmaron después múltiples medios.

La cifra es tan grande que cuesta asimilarla. Son 37.000 millones de euros. Es más de lo que vale Spanair entera, por poner una referencia española. Y la oferta viene directamente de Sam Altman, que ya ha discutido los detalles con Donald Trump, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el del Tesoro, Scott Bessent.

Lo que me desconcierta no es el número —en IA ya estamos acostumbrados a los ceros— sino el mecanismo. Porque no es una venta. Es una donación.

Donar para no pedir permiso

OpenAI no quiere que el gobierno compre las acciones. Quiere donarlas a través de un fondo de riqueza pública, inspirado en el Alaska Permanent Fund, ese fondo soberano que invierte los ingresos del petróleo y paga dividendos a todos los residentes del estado. La diferencia es que aquí el "petróleo" serían las acciones de empresas de IA.

La estructura de donación tiene una lógica quirúrgica. Evita que el gobierno tenga que desembolsar 42.600 millones que no tiene presupuestados. Y evita que la operación necesite aprobación del Congreso como compra de activos, lo que la convertiría en un campo de batalla político inmediato.

Altman lleva meses repitiendo el mismo argumento: si la IA va a generar una cantidad obscena de riqueza, el público debería tener una participación directa. En abril de 2026, OpenAI publicó un documento de política pública que proponía exactamente esta estructura.

Personalmente creo que Altman es genuino en esto —pero también es el movimiento más inteligente que podía hacer. Cuando el regulador llama a tu puerta, mejor invitarle a sentarse en la mesa.

Los tres problemas que nadie ha resuelto

La propuesta es elegante sobre el papel. El problema es que el papel no tiene que lidiar con tres capas de complejidad legal que ningún comunicado ha aclarado todavía.

Primero, la estructura corporativa de OpenAI es un lío deliberado. Tras la reestructuración del año pasado, la empresa se divide en una fundación sin ánimo de lucro (que controla el 26% y tiene el mando legal) y una corporación de beneficio público con ánimo de lucro. ¿Dónde metes un accionista gubernamental con el 5%? ¿En qué lado? ¿Con qué derechos de voto? Si los votos del gobierno interfieren con el control de la fundación, el regulador de California que supervisa las organizaciones sin ánimo de lucro se despierta de golpe.

Segundo, donar acciones al gobierno federal no tiene un precedente claro en derecho americano. ¿Se depositan en el Tesoro? ¿En un fondo creado ad hoc? ¿Quién gestiona los derechos económicos? No hay manual para esto porque nunca se ha hecho.

Tercero, si OpenAI sale a bolsa algún día —y todo apunta a que lo hará— el 5% del gobierno se convierte en una posición accionarial en una empresa cotizada. Imagina al regulador de IA decidiendo sobre tu empresa mientras posee un 5% de tus acciones. El conflicto de interés es tan obvio que duele.

Sanders y el elefante en la habitación

Pero la propuesta de OpenAI no es lo más radical que hay sobre la mesa. El senador Bernie Sanders tiene en circulación la American AI Sovereign Wealth Fund Act, que propone un impuesto puntual del 50% en acciones a las grandes empresas de IA. Según estimaciones de su oficina, el fondo resultante podría alcanzar los 7 billones de dólares.

La diferencia entre las dos propuestas es brutal: OpenAI ofrece el 5% voluntariamente. Sanders quiere tomar el 50% por ley. Es la diferencia entre llegar a un acuerdo y que te lo impongan.

Alex Karp, el CEO de Palantir, lo dijo sin filtros: la oferta voluntaria de OpenAI "quedará pequeña" frente al plan Sanders. Según Karp, la nacionalización parcial de los laboratorios de IA frontier es "inevitable". Suena extremo, pero la dinámica es real: cada concesión voluntaria de la industria crea el precedente para una exigencia mayor.

Y luego está el memorándum NSPM-11 que Trump firmó en junio, ordenando al ejército incorporar los modelos de IA más avanzados de múltiples proveedores. Si el Pentágono ya tiene contratos con OpenAI, Google y Anthropic, ¿qué aporta de verdad una participación accionarial que los contratos no den ya? Información privilegiada, quizás. Pero influencia —eso ya lo tienen.

Anthropic, Google y Meta: ¿próximos en la lista?

Las fuentes del FT aseguran que el modelo podría generalizarse. Anthropic, Google y Meta aparecen mencionados como potenciales contribuyentes al mismo vehículo, aunque ninguno ha confirmado nada. Si los cuatro grandes laboratorios de IA estadounidenses meten cada uno un 5%, el fondo se convertiría en el mayor vehículo de inversión soberana en IA del planeta.

No es ciencia ficción. Tiene precedentes: en agosto de 2025, el gobierno de EE.UU. obtuvo un 10% de Intel tras inyectar 8.900 millones de dólares en acciones ordinarias. Trump dijo después que debería haber pedido más.

Lo que está pasando es una redefinición de la relación entre el Estado y las grandes tecnológicas. No es regulación tradicional. No es nacionalización. Es algo a medio camino que todavía no tiene nombre, pero que en 2026 está tomando forma a toda velocidad.

Y si sale adelante, Europa va a mirarlo con una mezcla de envidia y pánico. Porque aquí no tenemos ni un OpenAI que ofrezca acciones ni un fondo soberano donde meterlas.